La desigualdad social se dispara pese al éxito de la economía

Lo que mostró las Elecciones en Perú


“El Perú es un mendigo sentado en un banco de
oro”. La frase, que se ha atribuido al naturalista
italiano del siglo XIX Antonio Raimondi cuando
al parecer es un dicho popular de más larga
data, representa el sentimiento que ha
dominado la campaña de las presidenciales. La
frustración popular ante la enorme desigualdad
en la distribución de la riqueza ha sido el
combustible que ha impulsado al nacionalista
Ollanta Humala. Y es que a pesar de que el
país ha crecido en torno al 7% anual durante
los últimos cinco años, un récord en América
Latina, a unos pocos kilómetros de Lima mucha
gente carece de agua potable, come solo lo que
cultiva y defeca en agujeros en la tierra.
“Si hasta el Banco Mundial nos ha dicho
que debemos hacer reformas para que el
crecimiento económico también beneficie a los
más pobres… Se da cuenta, el Banco Mundial
diciéndonos que debemos tener política
social”, dice el analista político Sinesio López,
exprofesor de Humala y amigo del candidato.
Hace apenas dos semanas, el Banco Mundial
instó al futuro Gobierno peruano a desarrollar
políticas públicas que trasladen la riqueza
a los sectores menos favorecidos. Es por la
falta de estas medidas que el presidente Alan
García deja el poder con la popularidad por los
suelos.
Mientras en las zonas urbanas la pobreza está
por debajo de la media, en las rurales supera
con creces el índice. Esta brecha se nota mucho
en la educación, donde el fracaso escolar del
niño que va a la escuela en el campo es total
sin ninguna oportunidad al futuro. El caso de la
salud es igualmente escandaloso: en regiones
andinas como Apurímac, Puno y Cuzco hay dos
médicos por cada 10.000 habitantes. Todo esto
explica por qué Perú ocupa el puesto 13 de 17
países latinoamericanos en el índice de la ONU
que mide la igualdad de oportunidades.
El reciente conflicto minero en la localidad
arequipeña de Islay se coló en la campaña
para recordar a los dirigentes peruanos
que no todo el mundo percibe la bonanza
del sector estrella de la economía. Tras 17
días de protesta y tres muertos, el Gobierno
canceló una explotación minera como exigían
los agricultores de la zona, que temían que
la contaminación medioambiental convirtiera
sus tierras en un erial. Aunque los Gobiernos
regionales y locales reciben un 50% de los
impuestos que pagan las empresas mineras
(que casi siempre declaran pérdidas) al Estado,
la falta de proyectos de inversión, el despilfarro
y la tremenda contaminación ambiental que
producen, acentúan el rechazo de la población
en muchas zonas del país hacia la minería.