Red de corrupción vigente

Los carteles del narcotráfico siguen teniendo
influencia en el Ejército de Perú, lo que dificulta
las estrategias del Gobierno en los bastiones de
la droga del país sudamericano. EE UU considera
que, pese a los esfuerzos del presidente Alan
García, la red de corrupción relacionada con la
droga tejida por Vladimiro Montesinos, el ex jefe
de los Servicios de Inteligencia y hombre fuerte
de la presidencia de Alberto Fujimori (1990-
2000), no está elimada y advierte que incluso
aún puede resurgir.
Montesinos, quien cumple una condena en la
base naval del Callao, en Lima -y tiene otros
ocho juicios pendientes-, “colaboró con jefes
del Ejército y otros funcionarios de seguridad
para desarrollar una red de protección que
favorecía a unos traficantes de droga mientras
cooperaba con Estados Unidos para combatir a
otros”, según describen las comunicaciones con
Washington. La Embajada en Lima ha contactado
con altos jefes militares peruanos, quienes
denuncian que algunos de sus compañeros de
armas todavía “reciben lucrativos pagos de los
traficantes de droga que actúan en el valle de
los ríos Apurímac y Ene”, una zona conocida
en Perú como VRAE. Los estadounidenses han
pedido opinión a otros informantes, que dan por
buena esta denuncia. El VRAE es, además,
el último reducto del grupo terrorista Sendero
Luminoso, un lugar de muy difícil acceso con
montañas escarpadas y selva cerrada. Allí el
Ejército ha desarrollado diversas operaciones
antiterroristas, destinadas todas a ellas, según
los documentos estadounidenses, a tener un
escaso éxito en la medida en que interfieren
tanto en la actividad de los narcotraficantes
como en el sistema de sobornos que estos han
establecido. Los informantes de la Embajada
citan como ejemplo la Operación Excelencia
777, lanzada entre agosto y octubre de 2008.
“La operación no ha sido tan exitosa como se
ha dicho”, señala un testigo cualificado en los
informes estadounidenses.
El dinero del narcotráfico no solo alcanza a los
altos mandos. Para hacer efectiva la soberanía
nacional en el VRAE, el Ejército peruano diseminó
a finales de los años noventa numerosos puestos
de vigilancia formados por seis o siete soldados,
“quienes aceptaban regularmente sobornos
en vez de tomar el riesgo de enfrentarse a
fuerzas superiores a ellos”, según destacan los
documentos. Ante la ineficacia de la estrategia,
durante la presidencia de Alejandro Toledo
(2001-2006) se multiplicaron por más de 10
los efectivos y se establecieron bases militares
de un centenar de soldados cada una. Pero el
jefe del Ejército fue sustituido cuando el nuevo
modelo apenas llevaba cinco meses en marcha.
La estrategia quedó abandonada y el número de
militares quedó fijado en 700 para una extensión
de 12.000 kilómetros cuadrados. “[El testigo
protegido de EE UU] asegura que [el militar] fue
apartado porque sus operaciones amenazaban
el lucrativo negocio de la venta de combustible
por parte de oficiales del Ejército a traficantes
de droga”, señala uno de los documentos.
Los traficantes nutren además sus filas con
ex militares de menor rango. “Cuando los
soldados han completado su servicio voluntario
y aprendido tácticas y utilización de armas
-pero han ganado poco dinero-, a menudo son
reclutados por las redes de narcotráfico”.